En contextos de conflictos sociales por actividades extractivas hay estigmatización de las defensoras a través de campañas de difamación, que buscan exacerbar estereotipos femeninos creados por el patriarcado para descalificarlas. Estos se propagan a través de la prensa y medios de comunicación y resultan de una maquinación entre las empresas y el propio Estado, en su afán de difamar a lideresas de la lucha ambiental y desmovilizar a sus organizaciones. Vale señalar que el componente sexual es altamente utilizado en estas campañas de desprestigio contra las mujeres que defienden derechos.

Estas campañas de difamación y estigmatización terminan socavando y desgastando a las mujeres defensoras debido a procesos traumáticos, así como la subalternización de sus demandas.

Las mujeres que participan en movilizaciones de protesta frente a las políticas económicas extractivistas de los gobiernos latinoamericanos, sufren procesos de criminalización que profundizan su condición de desigualdad.

Una estrategia de criminalización es la represión, adecuando el instrumento policial, militar y jurídico, que habilita la represión policial y/o militar directa, la persecución selectiva de lideresas y la creación de marcos normativos que sancionan la protesta pública como delito asociado a los desórdenes públicos, que permite detener y condenar a las activistas sociales y hasta torturarlas o asesinarlas, comparándolas con delincuentes y/o terroristas. Esto provoca que dichas defensoras enfrenten denuncias y procesos judiciales injustos.

Se trata de estrategias represoras y desmovilizadoras de las que resulta difícil defenderse, sin invertir innumerables recursos que estas mujeres no necesariamente tienen.

Se presenta como un continuum de la violencia de género que se exacerba en contextos de actividades extractivas. Esta se ejerce por parte de actores públicos y privados: seguridad privada de empresas, grupos militares y paramilitares y policía.

En conflictos sociales por actividades extractivas, las mujeres están expuestas a sufrir vejámenes sexuales durante los procesos de represión y detención policial, sufriendo tocamientos, acoso, agresiones verbales con contenido sexual, seguimientos y violaciones. En estos contextos las mujeres son colocadas en situación de mayor vulnerabilidad ante las problemáticas de comercio sexual, trata de personas, trabajo forzoso y trabajo infantil que se generan en dichos contextos.

Las feminicidios son el caso más extremo de la violencia física que se ejerce sobre las defensoras para neutralizar su labor y desmovilizar a las organizaciones. Los feminicidios son ejercidos, tanto por los Estados mediante las políticas represivas a través de las fuerzas de seguridad, como por las empresas privadas, en un contexto de total impunidad y complicidad.

En el año 2017, Front Line Defenders recibió información sobre el asesinato de 312 defensores/as en 27 países, el 67% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas. Según el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, entre 2012 y 2014 las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales fueron el grupo de defensoras de derechos humanos más agredido, sufriendo 525 ataques, que representan 31% de un total de 1688 agresiones a las mujeres defensoras.