El 20 de abril del 2010, en Cochabamba- Bolivia, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Esta Declaración plantea el derecho a la Naturaleza a existir y respetar su derecho a la regeneración y restauración integral.

El extractivismo es una política que vulnera los derechos de la naturaleza al considerar que ésta está al servicio del ser humano. Los impactos ambientales, como la destrucción de ecosistemas silvestres, la contaminación de aguas, suelos o el aire o la pérdida del acceso al agua, son todas violaciones de los llamados derechos de tercera generación, enfocados en la calidad de vida o un ambiente sano.

El despojo de tierras y la contaminación y desaparición de fuentes de agua producto del extractivismo plantea una situación diferenciada por género y deriva en riesgos para las mujeres y sus familias.

Ante esta situación, las mujeres se ven obligadas a desplazarse hacia otras zonas o ciudades para asegurar la provisión de recursos y alimentos para sus familias, exponiéndose así a la pobreza extrema, discriminación, explotación laboral, prostitución y violencia sexual (Naciones Unidas, 2014).

La imposibilidad de acceder a los bienes para el sustento debido a su contaminación o desaparición y la incompatibilidad existente entre las actividades extractivas y otras actividades productivas generan una pérdida drástica de autonomía económica para las mujeres.

La contaminación de la tierra, del aire y el agua inciden drásticamente en la pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad, y en la disponibilidad de los insumos necesarios para el ejercicio de la soberanía alimentaria. Esto afecta de manera específica a las mujeres ya que son quienes se encargan de la producción alimentaria para autoconsumo y juegan un papel fundamental en el cuidado de las semillas nativas.

La militarización de los territorios donde se desarrollan las actividades extractivas constituye una política gubernamental utilizada en varios de los países de Latinoamérica para reprimir las manifestaciones y permitir las operaciones extractivas.

La militarización de los territorios supone una masculinización de los mismos y graves violaciones de los derechos humanos, principalmente, hacia las mujeres, que se manifiestan en al recrudecimiento de la violencia patriarcal contra mujeres y niñas y la exacerbación de las desigualdades de género.